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REGISTRO Y CONTROL DE LA JORNADA DE TODOS LOS TRABAJADORES: NUEVA EXIGENCIA DE LA INSPECCION DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL

GUILLERMO ANDALUZ CARNICER. Graduado Social Colegiado

Descarga para impresión formulario de Registro de Jornada:

 

Registro jornada

De manera pacífica se ha venido interpretando, desde hace más de 22 años, que el control y registro de la jornada de los trabajadores contratados a tiempo completo, únicamente era exigible en los supuestos de realización de horas extraordinarias. Así parecía desprenderse de lo establecido en el artículo 35.5 del Estatuto de los Trabajadores,  cuya redacción permanece invariable desde la modificación llevada a cabo  por Ley 11/1994  de 19 de Mayo, en vigor desde el 13 de junio de 1.994, y cuya obligación, en todo caso,  nunca había sido exigida por la Inspección de Trabajo, al menos de forma generalizada, y que era coincidente con la doctrina de algunos Tribunales Superiores de Justicia, que entendían que el registro diario de la jornada, para los trabajadores contratados a jornada completa,  solo era exigible en los casos que se realizaran horas extraordinarias.

La situación ha cambiado radicalmente, al menos en lo que al ámbito de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social se refiere, la cual interpreta ahora, con base en dos sentencias de la Audiencia Nacional de 4 de diciembre de 2015 y 19 de febrero de 2016, que todas las empresas, se realicen o no horas extraordinarias, deben llevar un registro diario de la jornada que realicen sus trabajadores a tiempo completo, añadiendo así una nueva obligación para todas las empresas, que se suma a la ya existente, en este caso de forma expresa,  para los trabajadores contratados a tiempo parcial, y cuya exigencia esta ya llevando a cabo la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, al haberla incluido dentro de sus Planes Integrados de Actuación.

DEL “SAFE HARBOR” AL “PRIVACY SHIELD”: DOS REALIDADES CUESTIONABLES

La sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea  de 6 de Octubre de 2015 declaraba que el llamado “Acuerdo de Puerto Seguro” no cumplía con  la normativa europea en materia de protección de datos de carácter personal y que nuestros datos gestionados por empresas norteamericanas adheridas al mismo no se encontraban suficientemente resguardados.

Hasta que se dictó esta importante resolución europea el sistema básicamente consistía en una  auto certificación de la que las empresas norteamericanas se dotaban para evitar los complejos trámites administrativos que requiere la autorización a la exportación de datos que la Agencia Española de Protección de Datos debe otorgar cuando se envían datos a lugares que no se considera que tienen un nivel de protección adecuado de dichos datos.

Esta situación si bien se mantiene a través de la página del gobierno de Estados Unidos <http://export.gov/safeharbor> en la misma se indica que “en el actual entorno que cambia rápidamente, el Departamento de Comercio continuará administrando el programa Safe Harbour, incluyendo presentaciones de procesamiento para la auto-certificación de su marco de protección”.

TIENDAS VIRTUALES: NUEVAS OBLIGACIONES DE INFORMACIÓN A CONSUMIDORES EN EL ÁMBITO DE LA UNIÓN EUROPEA

El pasado día 9 de Enero entró plenamente en vigor el reglamento (UE) no 524/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo de 21 de mayo de 2013 sobre Resolución de litigios en línea en materia de consumo y por el que se modifica el Reglamento (CE) no 2006/2004 y la Directiva 2009/22/CE.

Una de las previsiones que más repercusión tienen en el ámbito del Comercio Electrónico es la establecida en su artículo 14 que regula nuevas obligaciones de información a los consumidores indicando que “Los comerciantes establecidos en la Unión que celebren contratos de compraventa o de prestación de servicios en línea y los mercados en línea establecidos en la Unión ofrecerán en sus sitios de internet un enlace electrónico a la plataforma de resolución de litigios en línea. Dicho enlace será de fácil acceso para los consumidores.” (Enlace a la plataforma: http://ec.europa.eu/consumers/odr/) Operativa a partir del día 15 de Febrero de 2016.

Además se mantiene la obligación ya existente de que los comerciantes establecidos en la Unión que celebren en línea contratos de compraventa o de prestación de servicios deberán informar asimismo a los consumidores de sus direcciones de correo electrónico.

En cuanto a los comerciantes establecidos en la Unión que celebren contratos de compraventa o de prestación de servicios en línea y que se hayan comprometido o estén obligados a recurrir a una o varias entidades de resolución alternativa para resolver los litigios con los consumidores se establece que:

– Informarán a estos de la existencia de una plataforma de resolución de litigios en línea así como de la posibilidad de recurrir a tal plataforma para resolver sus litigios.

– Proporcionarán en su sitio de internet un enlace electrónico a dicha plataforma y,

– En caso de que la oferta se realice mediante correo electrónico, se incluirá en este dicho enlace.

– Esta información se facilitará también, en su caso, en los términos y condiciones generales aplicables al contrato de compraventa o de prestación de servicios en línea.

BLOCKCHAIN, SMART CONTRACTS Y EL NUEVO PAPEL DE LOS OPERADORES JURÍDICOS

Los contratos inteligentes son documentos electrónicos susceptibles de ser programados y firmados electrónicamente de forma tal que son capaces,  no solamente de identificar de forma segura y fehaciente a los firmantes del mismo,  sino de ejecutar los términos económicos allí fijados automáticamente,  especialmente cuando se vinculan a transacciones dentro de plataformas descentralizadas  como las que se utilizan por Bitcoin -Blockchain-,  es decir bases de datos distribuidas que mantienen unos registros crecientes securizados contra la falsificación mediante criptografía.

Las bases de datos distribuidas se caracterizan por almacenar sus datos  en múltiples dispositivos que pueden estar situados en diferentes lugares lo que hace que sean difíciles de controlar por una sola persona al estar la información replicada y duplicada en un gran número de nodos, lo que dificulta la manipulación.

BIG DATA Y FUNCIÓN SOCIAL DE LA PRIVACIDAD

En los últimos años estamos viviendo una realidad caracterizada por el uso masivo de redes sociales y en la que una abrumadora mayoría de ciudadanos aporta información personal que afecta a las cuestiones más diversas de su vida.

Toda esa información genera un inmenso volumen de datos que es susceptible de ser analizado y precisamente la mayor capacidad de procesamiento informático disponible nos da la posibilidad, con un software específico,  de aplicar técnicas de análisis social, que unidas a la capacidad de interrelacionar todos estos datos y metadatos, permite generar conocimiento e incluso realizar auténticas predicciones que van mucho más allá de las que ya se usaban para cuestiones como la meteorología y que, acertadamente utilizadas,  pueden servir para erradicar enfermedades o salvar vidas.

Una de las aplicaciones más extendidas es Apache Hadoop  que soporta aplicaciones distribuidas bajo una licencia libre,  y aunque los mayores fabricantes de software (IBM, Oracle, etc.) cuentan con sus propias aplicaciones,  Hadoop está siendo construido y usado por una comunidad global de contribuyentes,  mediante el lenguaje de programación Java,  tal como puede verse en la voz “Hadoop” y que podemos consultar en Wikipedia.

Los mayores volúmenes de información tienen escaso valor si no se puede extraer de ellos  información relevante en tiempo real para tomar decisiones documentadas, o iniciar acciones y modificar resultados. La mayoría de las organizaciones no pueden aprovechar esa información porque la mayor parte de sus datos se componen de formatos no estructurados, como texto o imágenes, haciéndolos inaccesibles para las tecnologías convencionales.

Es por ello que se está generando una auténtica industria alrededor de este fenómeno conocido ya por todos como “Big Data”, el cual por otra parte puede condicionar nuestra  propia libertad si se utilizan indebidamente o en favor de solo unos pocos, o lo que es mucho peor, si queda en manos de solo unos pocos.

Una de las cuestiones que está alcanzando una mayor relevancia es la evolución del concepto de privacidad.

Se trata de un concepto que ha venido variando a lo largo del tiempo. La propia voz “privacidad” no figuraba en nuestro Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española hasta hace no demasiados años, y el avance de las TIC puede configurar un nuevo concepto de privacidad que deriva directamente del concepto de dimensión digital del ser humano que ya hemos definido en ocasiones anteriores.