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Ayer día 7  tuvimos la oportunidad de plantear una nueva visión de la sociedad actual en el II Certamen Internacional Millenium celebrado en el Aula Magna de la Facultad de Derecho de Zaragoza. La verdad, resultaba un poco perturbador exponerla teniendo delante a decenas de estudiantes interesados (eso en sí mismo ya da miedo) y además a juristas del mayor nivel, así que simplemente agradecer la cálida acogida recibida a nuestra ponencia «Netstates: las redes sociales ¿nuevas formas de Estado?» parece demasiado poco.

En dicha ponencia pudimos poner de manifiesto como el territorio ha ido perdiendo relevancia para definir  la soberanía de los estados dado que las grandes decisiones ya no suelen adoptarse dentro del territorio en que van a aplicarse,  y mucho menos se cuenta con las personas a las que van dirigidas, por lo que podemos fácilmente llegar a la conclusión de que la relación tradicional entre territorio y estado hoy va quedando como algo obsoleto.

En la actualidad va cobrando  relevancia el ciberespacio como ese lugar en el que se va desarrollando nuestra vida digital y que es tanto o más real que la vida física, y  que hasta ahora creíamos que era la única posible. Sin embargo la falta de regulación de nuestra vida digital tiene también importantes consecuencias prácticas como es el hecho de que, sin criterios legales internacionales solamente el Código de los programadores gobierna Internet. Por tanto la regulación del ciberespacio es una necesidad global, pero no como forma de control, sino como forma de regulación de los efectos legales de los flujos de información que generan las transacciones en la Red

Dentro del ciberespacio cobran importancia las relaciones humanas que se establecen a través de las redes sociales. Estas van evolucionando de forma tal que  la pérdida de audiencia de algunas redes sociales ha supuesto únicamente una migración de usuarios hacía otras redes sociales más avanzadas. (Por ejemplo  My Space).

Lo más importante es remarcar que un concepto evolucionado de redes sociales puede ayudar a definir nuevas formas de Estado, basadas en la interconexión de los ciudadanos, lo cual  requiere una nueva aproximación científica y el  Derecho Internacional necesita nuevas herramientas para evolucionar hacía esta nueva sociedad.

Salir del concepto de territorio supone la posibilidad de aplicar ordenamientos jurídicos diferentes con independencia de donde esté situado físicamente el bien jurídico que debe regularse.

La territorialidad fue un elemento esencial en las primeras agrupaciones humanas pero  se ha difuminado debido al avance de las comunicaciones y a la interdependencia de los sistemas económicos  por lo que pensamos que es un buen momento para estudiar si existen otros modelos posibles de organizar nuestra sociedad de forma más eficiente y sobre todo más justa.

No podemos olvidar sin embargo que el criterio territorial es el más tradicional, y del que todavía no se puede prescindir pero hoy no está exento de problemas Políticos o Económicos sin olvidar otros problemas que son de tipo operativo.  Por ejemplo,  las organizaciones criminales actúan de forma aterritorial lo que las sitúa en ventaja sobre los estados territoriales.

Lo cierto es que la ciudadanía ha elegido vivir agrupada en ciudades pero interconectada y que la referencia es el mundo y no los límites geográficos dados por un país determinado.

Frente a esto seguimos viendo que cuestiones como la  nacionalidad no es algo a lo que se pueda optar libremente. Se trata de un estatuto que vincula a un ciudadano desde su nacimiento con su ley personal y que tiene reglas rígidas tanto para  su adquisición como para su pérdida y que desde luego no depende inicialmente de los valores del ciudadano sino de factores aleatorios, lugar de nacimiento, origen de los padres, etc.

Esto supone encontrarnos con algunas contradicciones como por ejemplo una que sería impensable para las leyes de la física como es que puedan existir simultáneamente fuerzas centrípetas y centrífugas.

  • Entre las Fuerzas centrípetas vemos que existen algunos movimientos minoritarios en favor de una integración lusa en el estado español  mientras que observamos nacionalidades dentro de estados (Por ejemplo Cataluña o  Euskadi) que cuentan con fuerzas centrífugas.
  • Estas últimas a su vez cuentan con sus propias fuerzas centrífugas «metacentrífugas» como por ejemplo algunos movimientos existentes en el Valle de Aran.

Pero también nos encontramos con aspectos económicos que suponen un problema que deriva de la utilización del territorio como elemento de referencia de los estados, y vemos que la posibilidad de utilizar los recursos económicos fuera de las fronteras de un estado no es un proceso sencillo ni se encuentra fácilmente al alcance de todos los ciudadanos. Esto produce una acumulación de recursos en los estados independientemente de que resultase más eficiente o más justo acumularlos en otras zonas del planeta, lo que se traduce en movimientos migratorios en los que se ignora al inmigrante, cuando no se le ve como un enemigo, en lugar de como una persona.

Unas formas avanzadas de redes sociales en teoría podrían a reunir los elementos de un estado tales como:

  • Capacidad de obtener el reconocimiento de otros Estados.
  • Capacidad de institucionalizar su autoridad. Por ejemplo: fuerzas armadas (ciberejercitos), tribunales, etc.
  • Capacidad de lograr que sus nacionales asuman sus valores y símbolos. Por ejemplo: Himno y bandera propias.
  • Capacidad económica

No podemos olvidar que Google o Facebook obtienen ingresos superiores a muchos pequeños estados pero con una masa «ciudadana» mucho mayor. Facebook supera ya los 1200 millones de usuarios.

El reciente anuncio de la Republica de Estonia de que va a admitir residentes digitales dentro de su territorio  supone un avance cualitativo en la consideración del territorio como un elemento menos esencial  para los estados, pero si esta iniciativa prolifera y más estados deciden hacer lo propio, debemos preguntarnos:

¿Se ha abierto la puerta a un nuevo mercado de ciudadanías digitales?

Lo cierto es que un mercado de ciudadanías digitales permitiría:

  • Acceder a servicios digitales como educación y otros
  • Conseguir trabajos y rentas no vinculadas al territorio (teletrabajo): Por ejemplo, actividades bancarias (en Estonia el 99,8% de las transacciones bancarias son digitales).
  • Acceder a pensiones y otros derechos económicos
  • Escoger entornos fiscales favorables, regulación legal ventajosa, etc.

El derecho a obtener una residencia digital es algo nuevo que ha de ser regulado planteándose cuestiones como la posibilidad de obtención de más de una residencia digital simultánea o como puede determinarse a priori el derecho y la jurisdicción en cada transacción y si siempre es posible incluir clausulas de sumisión a derecho y jurisdicción

También plantea preguntas como la de si este tipo de residencia puede servir para obtener la nacionalidad  o si puede hacer cambiar de forma fundamental el concepto legal de residencia habitual. Esto da nuevamente lugar a nuevas cuestiones como la de si la e-residencia puede ser la residencia habitual de personas sin nacionalidad, ex art. 9.10 C. Civil.

En concreto este artículo establece “Se considerará como ley personal de los que carecieren de nacionalidad o la tuvieren indeterminada, la ley del lugar de su residencia habitual.” y existen muchas personas en nuestro país que por razones laborales o de otro tipo, deben residir gran parte del año en diferentes países.

Lo cierto es que algunas normas muy variadas pueden resultar afectadas en relación con este concepto de residencia habitual tales como normas tributarias, de adopción internacional o incluso la Ley de Propiedad Intelectual.

  • Una nueva visión de las redes sociales como eventuales estados sin territorio puede ayudar a desarrollar nuevos sistemas legales para la nueva sociedad global e interconectada en la que vivimos.
  • Se trata de una realidad que ya ha llegado y comenzará a generar nuevas cuestiones jurídicas de forma inmediata.
  • El Derecho Internacional es la disciplina jurídica llamada a dar respuesta a las necesidades de regulación que plantea un mundo interconectado.