La sociedad actual obliga a mantener unas estructuras de gobierno y de procedimientos legislativos y una separación de poderes como la que tenemos, pero hay que tener en cuenta que hablamos de un concepto de estado de hace 300 años en el que no era sencillo que cada ciudadano pudiera hacer oír su voz. Hoy la tecnología ha permitido precisamente eso y hay que dar cauces institucionales de participación a los ciudadanos en los estados, así como a los miembros de los partidos dentro de sus partidos o a los asociados en sus asociaciones.
Por muy preparados que se encuentren los dirigentes de estas organizaciones, la suma del conocimiento de sus miembros (que los eligieron) mejorará la toma de decisiones. Se podía hablar de una democracia del conocimiento a la que la democracia representativa que conocemos hoy, ha de darle paso ya.
Por eso la propuesta de encuestas participativas en las que se institucionaliza un órgano específico, cuya única competencia sea preguntar a los ciudadanos (o asociados, o miembros de partidos, etc.) para que expresen su voluntad sobre unos temas determinados -aunque se deban excluir algunos- mejorará la calidad de la democracia y la toma de decisiones.
Esto supone una modificación del modelo de separación de poderes y no una ruptura del mismo porque aquí se ha de mantener el poder ejecutivo que sigue siendo hoy necesario para gobernar o llevar a cabo un programa de actuación a largo plazo y el poder legislativo que ha de elaborar las normas jurídicas que mantienen el estado de derecho que garantice los derechos y libertades de todos. Estos dos poderes del estado requieren una actuación planificada y a largo plazo, mientras que el nuevo poder «participativo», «consultivo», o como se le quiera llamar responde a cuestiones puntuales que se tienen que encajar en esa planificación que hacen los poderes tradicionales.
Además hay que tener en cuenta que la facilidad con que el ciudadano puede aportar ideas o participar supone que igualmente requiere una organización política de este poder ciudadano que tiene que discriminar los movimientos políticos y sociales que piden respuesta y que de pretender hacerse todo a la vez daría lugar a una situación inasumible.
Esto no supone eliminar los derechos constitucionales de petición, iniciativa legislativa popular, referéndum, etc. sino abrir un cauce adicional para mejorar la participación de los ciudadanos.
