REGISTRO DE HORAS ORDINARIAS POR LAS EMPRESAS. Nuevo criterio jurisprudencial
Por Guillermo ANDALUZ CARNICER.
En Julio del pasado año 2016 informamos del nuevo criterio de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, la cual interpretaba, con fundamento en la sentencia de la Audiencia Nacional de 4 de diciembre de 2015, que todas las empresas, se hicieran o no horas extraordinarias, debían llevar un registro diario de la jornada que realizaran sus trabajadores a tiempo completo. Nueva obligación que se imponía a las empresas y que en todo caso, nunca había sido exigida por la Inspección de Trabajo, al menos de forma generalizada, y que era coincidente con la doctrina de algunos Tribunales Superiores de Justicia, que entendían que el registro diario de la jornada, para los trabajadores contratados a jornada completa, solo era exigible en los casos que se realizaran horas extraordinarias.
INTELIGENCIA ARTIFICIAL vs. INTELIGENCIA COLECTIVA
La progresiva implantación de sistemas de toma decisiones basados en inteligencia artificial puede alterar de forma significativa el funcionamiento de los sistemas sociales en los que se adopte.
Más allá de las consecuencias económicas que el hecho indudablemente supone, hay que tener en cuenta que en los sistemas sociales de nuestro entorno, el ejercicio del poder, entendido como el mecanismo que condiciona los comportamientos sociales, se logra a través de la regulación. Esta regulación no presenta un carácter monolítico sino que en realidad es la conjunción de cuatro factores que constitucionalistas como LESSIG identifican como las normas jurídicas, las normas sociales, el mercado y la arquitectura, entendida esta última, como aquellos elementos físicos que condicionan las acciones humanas (una cerradura, una contraseña, etc.).
Pues bien, una sociedad dependiente de sistemas de inteligencia artificial supone primar el factor arquitectura, es decir el código software que da funcionamiento a los sistemas de inteligencia artificial, condicionando fuertemente el funcionamiento de los demás factores.
Esto supone que las normas sociales y el mercado se ponen a disposición del código informático, y que una nueva función que las normas jurídicas han de asumir es la protección de esta realidad que tenderá así a perpetuarse.
VALIDEZ DE LA ENTREGA DEL RECIBO DE SALARIOS EN SOPORTE DIGITAL
La sentencia de 1 de diciembre de 2016 de la Sala de lo Social del Tribunal Supremo modificó su propio criterio proveniente de una sentencia anterior de fecha 22 de diciembre de 2011, y a partir de ahora da validez a la posibilidad de que las nóminas de los trabajadores puedan entregarse en formato digital.
De esta forma se corrige una doctrina a nuestro entender errónea si bien la nueva sentencia se fundamenta en el tiempo transcurrido desde la anterior.
Lo cierto es que a pesar de que las TIC avanzan de forma muchas veces desmesurada, en esta materia el cambio es más que relativo. Por ejemplo Twindocs se utiliza entre otras cosas por diversas empresas para depositar las nóminas de sus trabajadores en su respectivo buzón electrónico, incluso desde antes del año 2011 por lo que el recurso al tiempo transcurrido parece más bien una simple excusa que se utiliza para no reconocer un error previo.
En el supuesto estudiado en la nueva sentencia una empresa que antes entregaba a los trabajadores las nóminas físicamente, introduciéndolas en sus buzones individuales sustituyó tal sistema por la inclusión de las nóminas en una cuenta informática de cada trabajador, a la que podían acceder mediante un ordenador situado junto a los buzones, introduciendo su DNI y su clave de acceso personal.
PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL DE LA PRIVACIDAD
En el Día de la Constitución es bueno recordar que la protección como Derecho Fundamental de la privacidad tiene 2 características peculiares:
1. No se reduce sólo a los datos íntimos de la persona, sino a cualquier tipo de dato personal, sea o no íntimo, cuyo acceso o empleo por terceros pueda afectar a nuestros derechos.
2. Permite a la persona controlar de forma activa el uso que se haga de nuestra información.
No hay que conformarse ante un uso abusivo de nuestros datos porque tenemos :
– Derecho a que se nos solicite consentimiento para la recogida y uso de nuestros datos
– Derecho a saber y ser informados sobre el destino y uso de esos datos y
– Derecho a acceder, rectificar y cancelar dichos datos
LA PRIVACIDAD COMO RIESGO LABORAL
Los aspectos tecnológicos requieren cada vez más atención a la hora de proteger los derechos de los trabajadores entre los que se encuentra sin ninguna duda el de su privacidad. Esto supone desde el punto de vista de la prevención de riesgos laborales la ampliación de factores de riesgo que pueden generar daños en la vida personal y familiar de los trabajadores con motivo de la prestación laboral.
Ciertamente las amenazas a la privacidad no se asocian fácilmente con la salud laboral, pero como veremos éstas, aunque son un riesgo autónomo e independiente, guardan una cierta conexión con otro tipo de amenazas a la libertad personal como son los casos de acoso laboral y otras prácticas nada deseables en el entorno laboral.
El artículo 4,2 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales define “riesgo laboral” como “la posibilidad de que un trabajador sufra un determinado daño derivado del trabajo.”
Este riesgo no necesariamente tiene que resultar físico, sino que puede ser psicológico o atentar contra un derecho fundamental del trabajador que menoscabe su integridad moral.
Aunque no toda invasión de la privacidad de los trabajadores podrá considerarse un riesgo laboral en el sentido de esta disciplina jurídica, no podemos olvidar que ese factor de riesgo evoluciona a la par que evoluciona nuestra sociedad y su entorno tecnológico. Situaciones que hace 10 o 15 años difícilmente podían generar riesgos, hoy suponen posibles amenazas que no hay que descartar.
Ya es sabido que los reconocimientos médicos requieren una especial atención si se desea respetar al máximo los datos de salud de los trabajadores, pero todavía hoy se mantienen en cierta forma ocultos algunos otros riesgos para la privacidad que surgen del desempeño del trabajo en régimen de dependencia.
Una muestra de ello sería la sobreexposición de la identidad de un trabajador cuyo nombre, unas veces aparece en tarjetas de empresa, en rótulos informativos, o cuya imagen etiquetada y asociada a su trabajo aparece en sitios web corporativos, o cuando otras veces acaba en poder de terceras empresas en virtud de los cada vez más frecuentes procesos de descentralización productiva.