por Roberto Luis Ferrer | Feb 8, 2014 | Derecho Laboral, Protección de datos, Seguridad de la información
La información es uno de los principales activos de las empresas, pero por mucho que esto se repita, muy pocos empresarios toman realmente medidas efectivas para proteger ese patrimonio empresarial.
Varias son las razones que suelen llevar a esta inacción: se confía en los trabajadores o colaboradores, se ve como algo difícil de controlar y sobre todo se piensa que como se trata de un mal que afecta de forma muy indirecta o lejana, cuando hay otras prioridades a las que atender.
Aunque hay muchos menos conflictos de lo que podría darse, la empresa que sufre la situación de pérdida de información o sustracción de la misma (fundamentalmente datos de clientes o datos comerciales, aunque a veces también planos o datos de producción) se da cuenta en ese momento de la magnitud del problema que tiene que afrontar.
La protección de la información empresarial viene incluida «de serie» en varias leyes pero se trata de una normativa genérica que suele precisar de mayor concreción dentro de la propia empresa para que sea realmente aplicable. Veamos algunos ejemplos: (más…)
por Roberto Luis Ferrer | Feb 6, 2014 | Comercio electrónico
Con Javier Vazquez en «Escuchate» ver pagina de Aragón Radio
Para oir la entrevista en Aragón Radio aquí: 6m43s.
por Roberto Luis Ferrer | Feb 4, 2014 | Protección de datos
El derecho al olvido existe, pero ejercitarlo requiere una conducta activa por parte de cada uno de nosotros. Eso es así en la mayoría de los derechos de los ciudadanos pero tendemos a protestar en lugar de reclamar, lo cual no resulta demasiado práctico.
Quien sí que reclamó ante la Agencia Española de Protección de Datos fue un ciudadano con motivo de su participación como candidato a aparecer en un concurso televisivo durante el cual se emitieron las imágenes correspondientes a la enfermedad y al proceso quirúrgico al que fue sometido. A la vista de las mismas, el ciudadano solicitó a la productora y a la cadena de TV, que no se volvieran a emitir sus imágenes ni en televisión ni en la página web de la cadena (Mediaset España Comunicación S.A.), y que se destruyeran (Cancelación de datos).
La resolución de la Agencia Española de Protección de Datos dictada en el procedimiento incoado al efecto establece que: «En el caso que nos ocupa ha quedado acreditado que obraban en poder de la productora datos personales del (más…)
por Roberto Luis Ferrer | Ene 30, 2014 | Administración electrónica, Blog, Democracia en red -Netstates-
La sociedad actual obliga a mantener unas estructuras de gobierno y de procedimientos legislativos y una separación de poderes como la que tenemos, pero hay que tener en cuenta que hablamos de un concepto de estado de hace 300 años en el que no era sencillo que cada ciudadano pudiera hacer oír su voz. Hoy la tecnología ha permitido precisamente eso y hay que dar cauces institucionales de participación a los ciudadanos en los estados, así como a los miembros de los partidos dentro de sus partidos o a los asociados en sus asociaciones.
Por muy preparados que se encuentren los dirigentes de estas organizaciones, la suma del conocimiento de sus miembros (que los eligieron) mejorará la toma de decisiones. Se podía hablar de una democracia del conocimiento a la que la democracia representativa que conocemos hoy, ha de darle paso ya.
Por eso la propuesta de encuestas participativas en las que se institucionaliza un órgano específico, cuya única competencia sea preguntar a los ciudadanos (o asociados, o miembros de partidos, etc.) para que expresen su voluntad sobre unos temas determinados -aunque se deban excluir algunos- mejorará la calidad de la democracia y la toma de decisiones.
Esto supone una modificación del modelo de separación de poderes y no una ruptura del mismo porque aquí se ha de mantener el poder ejecutivo que sigue siendo hoy necesario para gobernar o llevar a cabo un programa de actuación a largo plazo y el poder legislativo que ha de elaborar las normas jurídicas que mantienen el estado de derecho que garantice los derechos y libertades de todos. Estos dos poderes del estado requieren una actuación planificada y a largo plazo, mientras que el nuevo poder «participativo», «consultivo», o como se le quiera llamar responde a cuestiones puntuales que se tienen que encajar en esa planificación que hacen los poderes tradicionales.
Además hay que tener en cuenta que la facilidad con que el ciudadano puede aportar ideas o participar supone que igualmente requiere una organización política de este poder ciudadano que tiene que discriminar los movimientos políticos y sociales que piden respuesta y que de pretender hacerse todo a la vez daría lugar a una situación inasumible.
Esto no supone eliminar los derechos constitucionales de petición, iniciativa legislativa popular, referéndum, etc. sino abrir un cauce adicional para mejorar la participación de los ciudadanos.
